- A propósito del allanamiento bancario por la «Operación Tokio», el experto antilavado de dinero cuestiona la efectividad real de las multas actuales frente al lavado de activos.
- Reyes Duarte expone una alarmante asimetría: mientras una organización criminal llega a mover $78 mil millones, la sanción máxima para un infractor es como de un «león con pocos dientes».
El reciente y mediático allanamiento a una entidad bancaria en el marco de la «Operación Tokio» ha puesto bajo la lupa la eficacia y el verdadero poder disuasorio del sistema de prevención del lavado de activos en Chile. Ante este escenario, el Dr. Rodrigo Reyes Duarte, especialista chileno en materia antilavado y cumplimiento financiero, compartió una serie de reflexiones que desnudan las debilidades estructurales que aprovecha el crimen transnacional, específicamente el «Tren de Aragua».
La operación, que ha acaparado las portadas de la prensa regional debido a la exorbitante cifra de $78 mil millones de pesos involucrados, evidencia que las bandas criminales ya no solo operan en la marginalidad, sino que han logrado canalizar flujos masivos de capital a través del sistema financiero formal.
Un «león con pocos dientes»: El problema de los incentivos y las multas
El núcleo de las reflexiones que hace el Dr. Reyes Duarte apunta directamente a la desproporción existente entre las ganancias del delito y los castigos económicos que arriesgan las instituciones financieras por desatender la norma.
Para Reyes, calificar el marco regulatorio sancionatorio actual como «un león con pocos dientes» describe perfectamente la realidad: una normativa que ruge y tiene apariencia de ser feroz, pero que carece de la fuerza de mordida necesaria para obligar a los grandes actores financieros a tomarse en serio la debida diligencia corporativa. Mientras las redes criminales ligadas al Tren de Aragua lavan miles de millones de dòlares, la sanción máxima resulta insignificante para las utilidades del delito..
Mientras el flujo bajo sospecha supera los 78 mil millones de dòlares, el techo de la sanciòn econòmica para la presunta entidad apenas roza los 30 millones de dòlares. Esto es irrisorio y nos conduce a reabrir el debate sobre la necesidad urgente de actualizar los marcos regulatorios y de endurecer las penas fiscales para que la banca actùe con la debida diligencia.
Urgencia de reformas
Las reflexiones del experto —difundidas en el marco del debate generado por publicaciones especializadas en redes de cumplimiento— abren una necesaria discusión pública sobre la urgencia de endurecer la fiscalización y elevar sustancialmente los montos de las multas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) u otros organismos reguladores.
A juicio de analistas del sector, el caso de la «Operación Tokio» demuestra que el Tren de Aragua ha perfeccionado sus métodos de penetración económica, utilizando el fraude y la apertura de cuentas corrientes corporativas o personales para mover sumas astronómicas antes de que los sistemas de alerta tradicionales logren reaccionar.
Llamado al sector
Para Rodrigo Reyes Duarte, «la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero no se ganará implementando políticas de cumplimiento que solo sirvan para «llenar el checklist» institucional. Se requiere un mayor y estricto marco legal regulatorio donde los errores u omisiones tengan un costo reputacional y financiero tan alto que la prevención se convierta en una prioridad estratégica ineludible y no en un mero trámite burocrático».
A nivel internacional y bajo los estándares del GAFI, se exige que las sanciones sean eficaces, proporcionales y disuasorias. Claramente, las cifras que menciona Rodrigo Reyes no cumplen, «En mercados con regulaciones maduras o agresivas (como Estados Unidos o la Unión Europea), las multas por fallas graves en prevención de blanqueo pueden alcanzar cientos o miles de millones de dólares, además de implicar responsabilidad penal severas para los infractores»
Para la región es un verdadero peligro mantener un esquema pobre, no solo por lo absurdo de las cifras, sino que los países corren el riesgo de ser visto por el crimen organizado transnacional como un camino de menor resistencia para blanquear capitales. «Sin dientes regulatorios ni herramientas ágiles, la fiscalización se vuelve meramente cosmética». Aseveró,
Rodrigo Reyes hace un llamado enérgico tanto al sector privado como al Estado chileno para pasar de una cultura de cumplimiento meramente formal a una estrategia de cumplimiento basada en inteligencia y datos.
»No podemos combatir al crimen organizado del siglo XXI con burocracia del siglo XX. Las empresas, especialmente los sujetos obligados, deben actualizar de forma urgente sus matrices de riesgo. Necesitamos una colaboración público-privada real, donde el intercambio de información sobre patrones sospechosos sea dinámico y los sistemas de monitoreo automatizados alerten en tiempo real», concluye el especialista.
Rodrigo Reyes Duarte es un destacado abogado chileno, conferencista y académico especializado en ética corporativa, prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo (compliance). Presidente de la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), Director Jurídico y Fundador de Prelafit Compliance, una firma especializada en la implementación de modelos de prevención de delitos y cumplimiento corporativo.Experto Internacional que ha representado a Chile como miembro del Grupo de Expertos ante la CICAD-OEA (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) y el GAFISUD (actual GAFILAT), enfocándose en políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
