Lorenzo Anthony García de 23 años y originario de Brawley, fue sentenciado en una corte federal a 130 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por proporcionar el fentanilo que causó la muerte por sobredosis de Josué M. García Moreno, un joven futbolista de Central Union High School en el condado de Imperial, informó el departamento de Justicia en un comunicado.
Antilavadodedinero / Noticiasya
De acuerdo al reporte, el 8 de octubre de 2021, García se declaró culpable de vender a Josué, un estudiante de secundaria de 15 años, una sustancia que contenía fentanilo el 6 de octubre de 2019.
El acuerdo de culpabilidad refleja que dos días después, el bisabuelo de Josué, con quien vivió, lo descubrió sin vida. García admitió que Josué usó el fentanilo que le vendió en la casa de su abuelo a última hora de la tarde o el 7 de octubre de 2019 o temprano en la mañana siguiente; además, estipuló que el fentanilo que proporcionó causó la muerte de Josué.
En la audiencia, el fiscal señaló que a pesar de que García sabía que Josué había muerto, luego se las arregló para vender fentanilo a otra persona, circunstancia que el juez Curiel consideró “muy preocupante”.
Al emitir la sentencia, el juez Gonzalo Curiel, señaló la importancia de garantizar una consecuencia significativa para disuadir futuros actos similares, afirmando que “el fentanilo es una droga tan poderosa que quita la vida en un abrir y cerrar de ojos. No hay recuperación, ni reparación, ni rehabilitación. Solo miseria”.
El Distrito Sur de California es un epicentro del tráfico de fentanilo sintético, una droga que es de 30 a 50 veces más poderosa que la heroína, y que incluso una pequeña cantidad es potencialmente mortal. Las estadísticas publicadas recientemente reflejan que más del 60 % de las incautaciones de fentanilo en la frontera del país por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ocurren en los condados de San Diego e Imperial.
Según la ley federal, los vendedores y proveedores de drogas que causan la muerte o lesiones corporales graves pueden enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 20 años. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de EE. UU. ha acusado a docenas de presuntos traficantes con ese delito mínimo obligatorio de 20 años, incluido el caso de este jueves, detalla el comunicado.
