El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha presentado ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley especial contra el crimen organizado.
Una de las modificaciones propuestas es el aumento de las penas máximas hasta en una tercera parte para los imputados que sean calificados como «autores mediatos» de crimen organizado. Según Villatoro, esta reforma está dirigida especialmente a los cabecillas de las pandillas, cuya pena máxima por pertenencia a estas estructuras actualmente es de 45 años de prisión.
Se establece que cuando la Fiscalía considera que fuere necesario realizar actos urgentes que necesiten autorización judicial, por haber riesgo de pérdida o deterioro de las evidencias del delito, el fiscal procederá a su obtención y para ello deberá adoptar de manera motivada las medidas necesarias. En este caso, las someterá a ratificación del juez, dentro de las setenta y dos horas siguientes.
Además, se busca permitir la participación de colaboradores nacionales y extranjeros en operaciones encubiertas durante las investigaciones policiales. También se propone que el acta de entrevista realizada por agentes policiales sea considerada como prueba.
Entre otras modificaciones, se plantea la inclusión de reconocimientos fotográficos como prueba para determinar la autoría o participación en un delito, la facilitación de pruebas mediante la confesión del imputado y la posibilidad de nombrar un defensor de oficio o defensor público en caso de que el defensor del imputado no comparezca.
Estas propuestas serán estudiadas por la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
