A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aún existe el reto de crear leyes y marcos legales para tener una vigilancia más cercana a ellos.
Por El Financiero/AL
El GAFI llevó a cabo un foro donde supervisores de diversas jurisdicciones discutieron cómo implementar las medidas que dicho organismo emitió en el 2019, pues todavía existen dudas para abordar y adherir estos lineamientos en los marcos legales de cada país.
“Los supervisores de todo el mundo se reunieron para discutir cómo supervisar y regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta reunión fue la primera oportunidad para que los supervisores discutieran cómo implementar estas nuevas medidas desde que el GAFI las finalizó en junio del 2019”, detalló el organismo intergubernamental, quien ha calificado el mal uso de estos instrumentos por parte de criminales y terroristas como “una amenaza grave y urgente de atender”.
En año pasado, el GAFI anunció modificaciones a sus recomendaciones, dirigidas tanto a gobierno como participantes del ecosistema de activos virtuales, con el fin de crear acciones específicas para prevenir el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo con estos instrumentos.
Específicamente, el organismo estableció, en primera instancia, como necesario para los países miembros tener un registro puntual de los proveedores de activos virtuales, como las casas virtuales de intercambio de monedas digitales, como el bitcoin y Ethereum, para su supervisión, y posteriormente, asegurarse de que éstas tengan información tanto del originador como del receptor de dicha operación.
El GAFI ha reconocido que emitir estándares globales, para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de activos virtuales, ha sido un progreso sustancial; sin embargo, el desafío se encuentra en la implementación de los mismos.
A diferencia de la mayoría de sus recomendaciones, los requisitos para mitigar el riesgo del uso de activos virtuales para actividades ilícitas se establecieron como vinculantes, es decir, que los países miembros del GAFI, como México, tienen que implementarlos.
