Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual .
Once hombres de República Dominicana están acusados en una acusación formal de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los acusados fueron identificados como, Juan Rafael Parra Arias de 41 años, Nefy Vladimir Parra Arias de 39 años, Nelson Rafael González Acevedo de 35 años, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán de 59 años, Miguel Ángel Fortuna Solano de 41 años, Félix Samuel Reynoso Ventura de 37 años, Carlos Javier Estévez de 45 años, Luis Junior Rodríguez Serrano de 27 años, Miguel Ángel Vásquez de 24 años, Jovanni Antonio Rosario García de 45 años y José Ismael Dilón Rodríguez de 34 años
Según la acusación, revelada ayer, en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa de larga data de “abuelos” o “familias que necesitan libertad bajo fianza” contra personas mayores en los Estados Unidos. La estafa fue operada desde call center en República Dominicana.
Otros cinco acusados fueron acusados mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos.
Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores”, se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estevez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero.
Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Dilone Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, normalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el dinero en efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos.
Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de US$500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
