El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Abel Córdoba, pidió una condena de 12 años para Lázaro Báez y otras penas para sus cuatro hijos, y otros doce imputados, en la causa que investiga la Ruta del dinero K.
Antilavadodedinero / Clarin
Todos están acusados de haber lavado U$S 60 millones entre 2010 y 2013. En su exposición, Córdoba sostuvo que el dinero que se volcó a operaciones de blanqueo provino en parte de la defraudación en la obra pública, donde se juzga a Cristina Kichner.
Las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) ya habían pedido condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero. La pena máxima hasta el momento, es la requerida por el fiscal: 12 años para el contratista K.Newsletters Clarín Alberto y Cristina
Para el representante del Ministerio Público Fiscal hubo al menos seis instancias en las que se movió dinero «de origen ilícito» y se incorporó «a una compleja estructura, a la organización delictiva», con el fin de lavar fondos. Entonces, detalló que para que esto ocurriera, «hubo no sólo dinero líquido que provenía de Austral Construcciones, sino también «altos niveles de secretismos».
Al respecto detalló que la ingeniería de lavado de activos utilizó «sociedades existentes, vehículos paralelos, donde además se conjugaron 17 voluntades con actos propios y definidos«. Todo esto posibilitó que se canalizara dinero, «una segunda etapa de atomización del mismo, la interrupción de cualquier tipo de trazabilidad, el ocultamiento del origen del dinero ilícito».
En el marco de esa estructura, el fiscal también pidió condenas para los cuatro hijos de Báez. A Martín Báez, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se le requirió una condena de nueve años, mientras que para Leandro Báez solicitó cinco años de prisión. Para las hijas del empresario K, Luciana y Melina Báez, el requerimiento del fiscal fue de cuatro años y medio de condena.
Por otro lado, para Leonardo Fariña el único imputado colaborador del caso, el fiscal pidió una condena de cinco años, en tanto para el ex abogado de Báez, Jorge Chueco y el ex contador, Daniel Pérez Gadín, se solicitó una pena de ocho años. Como parte del entramado de lavado de activos, al financista Federico Elaskar se le pidió cuatro años y medio, y para Fabián Rossi, le pena requerida fue de cinco años.
En la Ruta del Dinero K se juzga el blanqueo de 60 millones de dólares realizado en tres etapas, cuyos responsables son acusados de «integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad». Se tuvo también, en cuenta el «atesoramiento de fondos en Suiza», además de la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
En base a esta acusación, el fiscal Córdoba desplegó su alegato en tres jornadas; dio por corroboradas las maniobras que tienen como principal responsable al ex socio comercial de Cristina Kirchner. Al estudiar la estructura delictiva, ratificó los engranajes investigados por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.
La Fiscalía sostuvo que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones y consideró que el empresario K «fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado«.
Y reforzó el concepto: «La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares».
Este circuito de lavado de activos quedó vinculado con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (51 contratos por 46.000 millones de pesos). En ese expediente, a cargo del TOF 2, se está juzgando a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita.
Las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de blanqueo: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría haber ingresado a la organización de blanqueo dinero.
