La extorsión puede definirse como la acción mediante la cual un individuo obtiene un recurso de otro mediante la intimidación o la amenaza de violencia. Esta actividad criminal ha sido usada por grupos del crimen organizado y de los carteles mexicanos desde los inicios de la civilización humana moderna.
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De hecho, ha sido la práctica más común y confiable de los criminales, puesto que implica poco riesgo y bajos costos, y puede reportar réditos importantes si se aplica al segmento correcto de la población y México no ha sido la excepción.
De hecho, la extorsión ha hecho parte de la vida cotidiana de los mexicanos desde la segunda mitad del siglo XX. La corrupción rampante en los ámbitos político, administrativo y las fuerzas armadas y de policía ha creado un sistema de miles de personas que viven de pedir dinero a otros amenazándolos con recurrir a la fuerza si se niegan a pagar.
Hoy en día, la extorsión en México se manifiesta de muchas formas, como el derecho o cobro de piso, donde se exige a los dueños de negocios un pago periódico para que los criminales les permitan trabajar.
*Este artículo se publicó originalmente en Borderland Beat. Esta es una edición abreviada y editada, que se republica con autorización, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea aquí el original completo.
En este reportaje, Borderland Beat analizará el derecho o cobro de piso y su efecto en el sector privado en México, desde el humilde vendedor ambulante en las calles de Ciudad de México hasta la industria transnacional de aguacate en Michoacán. Este es un tema muy amplio, que no puede abordarse exclusivamente desde la teoría económica.
Por tal razón, Borderland Beat desarrolló su propia investigación de campo. Para este reportaje, entrevistamos a varios dueños de negocios en Tamaulipas y Nuevo León, y les hicimos una serie de preguntas sobre su experiencia. Este informe se diseñó con base en sus respuestas.
Tipos de extorsión empleados por los grupos criminales mexicanos
Cuando se habla de las redes de extorsión usadas por el crimen organizado, como el derecho o cobro de piso, no podemos estudiarlo como una práctica monolítica. De hecho, el cobro de piso puede manifestarse de formas distintas. Podemos clasificar las diferentes formas del derecho o cobro de piso según la relación entre el extorsionista y la víctima.
La relación más común es parasitaria. En este tipo de relación, el extorsionista demanda a su víctima varios pagos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y amenaza con hacer daño a la víctima si no se cumplen las exigencias de dinero. Este es el tipo de extorsión más común en México, pues es fácil de perpetrar y reporta ingresos con un costo mínimo. La víctima resulta muy perjudicada con este tipo de extorsión, pues no obtiene nada de la relación y pierde dinero.
La segunda relación es depredatoria. En este caso, el extorsionista exige un único pago o un pago de una sola vez por una gran suma de dinero. Este tipo de extorsión está conectado en su mayoría con la industria del secuestro y no hace parte de la industria del derecho o cobro de piso excepto en casos no muy relevantes para el presente estudio.
El tercer tipo de relación es simbiótico. En este caso, el extorsionista exige a la víctima pagos por temporadas, pero simultáneamente le ofrece sus recursos para alcanzar cierto tipo de relación de mutuo beneficio. Este tipo de extorsión es muy común en zonas en las que el crimen organizado tiene fuerte presencia.
Por ejemplo, en Italia, la Cosa Nostra siciliana ejerció ese tipo de extorsión. Exigía dinero a los negocios locales, pero al mismo tiempo les brindaba seguridad, contactos para promover sus operaciones comerciales y la seguridad de que sus transacciones comerciales tendrían éxito. En ese tipo de relación, la extorsión es de mutuo beneficio tanto para el extorsionista como para la víctima.
Muchos grupos criminales llevan a cabo sus extorsiones de manera mecánica: sin mostrar especial interés por la conservación de los negocios que extorsionan.
Aunque este tipo de extorsión requiere un mercado de protección muy desarrollado, con negocios estables y grupos criminales dignos de confianza, podemos hallar evidencia de que esa relación simbiótica ya está dándose en México. Por ejemplo, uno de los negociantes consultados para el informe declaró que cuando los extorsionistas lo abordaron, le dijeron que estarían a su disposición si él o su negocio “necesitaban algo”. Los extorsionistas se presentaron como protectores y cobradores de deudas en caso de que alguien le debiera dinero al negocio.
Sin embargo, otros países latinoamericanos con altos índices de violencia por cuenta del crimen organizado, como Brasil, ofrecen un ejemplo excelente de cómo se brinda dicha protección. Para citar un caso, en Río de Janeiro, los grupos criminales, conocidos como milicias son bien conocidos por exigir pagos mensuales a todo tipo de negocios (legales o informales) en las favelas. Emprenden campañas violentas contra los delincuentes comunes que roban o asaltan los negocios locales extorsionados por los primeros.
En México, miembros de carteles de drogas se han atribuido la muerte de sospechosos de saqueos y robos (y muchas veces han dejado sus cuerpos exhibidos en público junto con mensajes escritos). Esto podría implicar que hechos como los vistos en Brasil se apliquen también en México y que, en ciertos casos, los negocios locales reciban protección de ciertos grupos.
Los recursos de la industria de la extorsión
Una de las principales razones por las que los grupos criminales mexicanos se dedican a la extorsión de negocios particulares es por las pocas barreras de ingreso (es decir, se necesitan pocos recursos para desarrollar la actividad) y sus bajos costos.
Al contrario de otras actividades criminales como el narcotráfico, que requiere recursos múltiples y sofisticados que van desde los campos de cultivo hasta los laboratorios de refinación, la extorsión requiere tres elementos básicos: acopio de inteligencia, reputación y mano de obra.
Los grupos criminales mexicanos que participan en las industrias extorsivas podrían parecer entidades que cobran dinero de manera aleatoria a cualquier tipo de emprendimiento en los sectores bajo su control. Aunque esto es parcialmente cierto, la mayoría de los grupos criminales se comportan como individuos económicos racionales que usan la información que tienen a su disposición para clasificar los negocios. Según nuestra investigación, los carteles consideran factores como la industria de un negocio y en el rango de ingresos para aplicar una cuota.
Los grupos criminales tratan de basarse en el acopio de inteligencia para descubrir, clasificar y hacer sus cobros a los negocios. De hecho, los grupos criminales mexicanos pueden ser tan sofisticados en áreas sobre las que tienen un control sólido que incluso podrían llegar a usar información de entidades gubernamentales para calcular el monto que debe pagar cada tipo de negocio.
Así, algunos de los entrevistados para este informe expresaron sospechas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algo así como el Servicio Interno de Renta de Estados Unidos (IRS). Señalaron que algunos empleados de ese ente del gobierno se confabularon con el Cartel del Golfo y les entregaron información sobre los diferentes tipos de negocios que podían ser blanco de extorsión en Tamaulipas.
Otro ejemplo de la vida real que muestra lo sofisticado que podría hacerse el mercado para la extorsión en México es el caso de las plantaciones de aguacate de Michoacán. El estado de Michoacán es el primer productor mundial de la fruta, y concentra el 90 por ciento de la producción nacional. En menos de 150.000 hectáreas, hay por lo menos 25.000 aguacateros con emprendimientos de todos los tamaños.
Esta área cubre 22 municipios, que incluyen los que más aguacate producen, como Uruapan, Tancítaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Peribán, Tingambato, Los Reyes y Paracho.
Un mercado de tal importancia no podía escapar a las actividades extorsivas del Cartel de los Caballeros Templarios. Para obtener información sobre las empresas aguacateras en la zona, el Cartel de los Caballeros Templarios obtuvo información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). De manera específica, los miembros del cartel buscaron las licencias expedidas localmente por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal para ubicar a todos los aguacateros con fines extorsivos.
El uso de la información económica obtenida por medio del gobierno podría indicar por qué varias organizaciones criminales exigen tarifas extorsivas que por lo general son proporcionales al tamaño del emprendimiento.
Por ejemplo, según los empresarios entrevistados para el presente estudio, el Cartel del Golfo extorsionó a empresas del mismo tamaño y les cobró tarifas muy similares. Sin embargo, las grandes empresas locales, como las maquilas que operan en Matamoros, fueron obligadas a pagar sumas más altas.
Esto indica que los extorsionistas pueden operar de forma racional clasificando las empresas por su tamaño/ingresos y demandar pagos más o menos altos, según esos factores.
El segundo recurso para el éxito de una campaña extorsiva es la reputación del grupo extorsionador. En México, la mayoría de las exigencias de extorsiones se combinan con amenazas. Así, la víctima se verá obligada a cumplir las demandas del extorsionista si este se presenta como miembro de un grupo criminal conocido por sus brutales represalias contra quienes se oponen a sus demandas.
De ese modo, cuando una persona es asesinada en un negocio que era extorsionado, es posible que el grupo extorsionista esté sentando un ejemplo para disuadir a potenciales clientes que estén renuentes a pagar. En conclusión, si un grupo criminal es violento, las víctimas estarán más inclinadas a pagar.
El último factor es la fuerza de trabajo. Esta representa las personas que contactan a los dueños de la empresa o negocio y exigen las cuotas extorsivas. Según uno de los propietarios entrevistados para el estudio, cada mes los extorsionistas iban directamente a la sede de la empresa a cobrar el pago. En otros casos, el contacto se hizo de manera indirecta.
En Guanajuato, por ejemplo, sabemos que ciertas empresas son contactadas por medio de una carta o nota que contiene un nombre y un número de teléfono. La víctima debe hacer contacto telefónico y negociar el pago a distancia con el extorsionista.
En resumen, el negocio de la extorsión demanda pocos costos y es fácil de realizar porque los recursos necesarios son básicos y su implementación es simple. Los extorsionistas pueden hacer extorsiones frente a frente, pero nuestra investigación demuestra que su presencia física no es necesaria para tener éxito en la actividad. Los grupos criminales tan solo necesitan personas, una reputación de violencia y víctimas que les teman.
Características de la industria extorsiva mexicana
Dado que el mercado de la extorsión se mueve en un medio ilegal, no opera unilateralmente y es normal que surgan una variedad de situaciones. En Michoacán, por ejemplo, las cuotas exigidas a los aguacateros eran fijas para todos los participantes de la cadena de producción, independientemente del tamaño, los productores no exportadores pagaban $1.500 pesos mexicanos por cada hectárea cultivada al año. Por otro lado, los exportadores pagaban anualmente $3.000 pesos mexicanos por hectárea sembrada.
Cuando los Caballeros Templarios comenzaron a padecer la creciente competencia de organizaciones rivales y grupos locales de autodefensa, endurecieron aún más sus demandas extorsivas. Comenzaron pidiendo 10 centavos más por cada kilo de aguacate (10 pesos por cada 100 kilos o 100 pesos por tonelada).
Uno de los empresarios entrevistados para este informe declaró que el grupo criminal que lo extorsionaba (el Cartel del Golfo) les permitía aplazar la fecha de pago de ser necesario. Pero al hacerlo, el negocio se veía sometido a un interés de 10 por ciento posmadurez. No es claro exactamente hasta qué punto los grupos criminales facilitan los pagos de extorsiones.
Se sabe que las organizaciones criminales italianas aplican un método racionalista en sus exigencias ofreciendo una especie de pago diferido a los negocios que no pagan la suma exigida. El uso de intereses acumulados es común y hemos descubierto que se usa en ciertos lugares de México.
También hay casos en los que el grupo extorsionista no permite ningún pago retrasado y reaccionan con violencia si no se cumplen sus exigencias en el plazo estipulado. No se puede establecer con absoluta certeza por qué algunas organizaciones tienen una apertura mínima a la negociación mientras que otras no, pero el hecho de que los mismos grupos se comporten en ambas formas al mismo tiempo, pero en diferentes zonas puede indicar que su comportamiento depende del grado de control que ejercen sobre una zona determinada. La presencia de grupos criminales rivales tiene que ver con ese comportamiento.
También es importante determinar en qué momento las organizaciones criminales adoptan la extorsión en las áreas en las que operan. Con base en nuestros estudios, las guerras por territorio en las que compiten grupos criminales rivales derivan en mayores índices de extorsión. Donde hay dos o más grupos rivales en un territorio se entorpece la posibilidad de desempeñar el narcotráfico, la actividad más lucrativa.
Para cubrir sus gastos diarios, las agrupaciones criminales en tal situación comienzan a buscar formas fáciles y rápidas de ganar dinero. Por lo general, la extorsión es una de las primeras opciones.
Los carteles mexicanos de la droga no solo participan en extorsión durante la actual violencia. Pueden adoptar esta práctica para afirmar su dominio sobre cierta área antes de que estalle la violencia con el fin de asegurar la entrada de dinero y cubrir posibles pérdidas en el futuro.
Uno de los mayores problemas que pueden enfrentar las víctimas es la posibilidad de la extorsión multilateral. Esto ocurre cuando dos o más organizaciones rivales, en continua pugna por los recursos, se disputan una zona. Existe la posibilidad de que cierto negocio comience a ser extorsionado por varios grupos al mismo tiempo.
Como se observa en el estado de Guanajuato, que es actualmente el epicentro de una violenta guerra entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) por los mercados ilícitos locales, principalmente el robo de combustible o huachicoleo al por menor.
Ambas organizaciones han empezado a extorsionar a los negocios locales para buscar recursos con qué financiar sus células y ganar control territorial. En algunos casos, las zonas en disputa son pequeñas, y los negocios son extorsionados por ambos grupos criminales. La mayor parte del tiempo, cuando un grupo criminal contacta a un negocio con fines extorsivos, se presentan e informan qué cartel representan y el capo local para el que trabajan.
Por ejemplo, a los dueños de los negocios entrevistados para este informe se les dijo muy claramente a quién le pagarían y también se les dijo que no pagaran a ningún otro grupo. Algunos de ellos declararon a Borderland Beat que sabían de otros negocios que habían sido extorsionados por Los Zetas y el Cartel del Golfo al mismo tiempo. Algunos de los propietarios de esos negocios fueron secuestrados o asesinados por negarse a pagar o por pagar a un grupo rival. Otros, señalaron los entrevistados, cerraron sus negocios de un día para otro y huyeron. La extorsión multilateral afecta doblemente a la víctima: los dueños de los negocios deben soportar mayores pérdidas económicas a la par que se arriesgan a la retribución por pagar a un grupo rival.
Los efectos de la extorsión en México
Los efectos de la extorsión en los negocios mexicanos presentan grandes variaciones, pues no hay una práctica extorsiva única que se aplique de manera uniforme en el país. Uno de los principales efectos de la extorsión que padecen varios negocios en México es la posibilidad de que las cuotas sean tan altas que el negocio no logre cumplir las exigencias y para no sufrir represalias se vean forzados a cerrar.
Eso ha sucedido en zonas en feroz disputa, donde cada grupo narco local está buscando continuamente recursos e intenta sacar lo máximo posible de cada negocio extorsionado.
En agosto de 2019 en Guanajuato, los tortilleros de la ciudad de Celaya salieron a protestar demandando de las autoridades locales protección contra los extorsionistas, en especial contra el CSRL. Para este año, el CSRL sufría pérdidas en su guerra contra el CJNG, y su líder José Antonio Yépez Ortiz (“El Marro”) comenzó a incrementar las cuotas extorsivas para compensar dichas pérdidas.
A los tortilleros se los obligó a pagar una tarifa inicial entre $3.000 y $500.000 pesos mexicanos (aproximadamente de US$1.300 a US$21.680) más cuotas mensuales entre $3.000 y $50.000 pesos mexicanos (alrededor de US$130 a US$2.170). Dos días después de la huelga, tres mujeres fueron acribilladas en la tortillería La Indita en Celaya. Una de ellas había participada en las manifestaciones.
El mes siguiente, un taller de Ford Motors en Celaya fue atacado por pistoleros por el no pago de una extorsión. El taller cerró unos días después por temor a futuros ataques. Más de 80 empleados perdieron sus empleos de un día para otro.
Debe tomarse en cuenta que estos resultados dramáticos (es decir, el cierre de los negocios) no siempre se desenvuelve de esta manera. De hecho, ciertas industrias pueden adaptarse con bastante rapidez y eficiencia a las redes de crimen organizado. Uno de los mejores ejemplos es la industria de aguacate en Michoacán. Esa industria ha sido extorsionada desde la década de 2000, pero la industria no ha declinado como resultado de ella. De hecho, la producción de aguacate ha seguido creciendo año tras año desde 2010 pese a las violentas guerras por territorio entre el CJNG y sus grupos rivales en la zona, como Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y el Cartel de Tepalcatepec.
Una observación común en los estudios sobre extorsión es que las cuotas llevan a un incremento de los precios de los productos y los servicios de los negocios extorsionados. Aunque esto puede ser cierto en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que pueden verse en la necesidad de incrementar los precios para cubrir las pérdidas por la extorsión, esta observación no era aplicable a la industria de aguacate. El precio estable del aguacate mexicano muestra que la extorsión no afecta necesariamente el precio de un producto o servicio.
Por ejemplo, cuando los grupos de autodefensa en Michoacán comenzaron su guerra con los Caballeros Templarios en 2013, el cartel aumentó su cuota en las empresas de aguacate de US$1.300 a casi US$2.800 por tonelada.
Los precios del aguacate fluctuaron por años sin alzas ni repuntes significativos. A comienzos de 2016, los precios del aguacate bajaron a su precio original de 2013. Sin embargo, a mediados de 2016, los precios subieron de nuevo y volvieron a bajar ese año. Esto volvió a ocurrir entre 2017 y 2019.
La fluctuación de los precios del aguacate muestra que la clásica “teoría del costo” de la extorsión, que asumen que la extorsión aumenta los precios de los productos y servicios del negocio extorsionado, no es necesariamente objetiva. Los precios del aguacate fluctúan según ciclos de precios muy bien definidos y están determinados por factores como la demanda extranjera y no las tasas de extorsión local.
Para la industria del aguacate, las tasas extorsivas representan solo una pequeña porción de sus costos fijos y eran un gasto “costeable”. Por ejemplo, en 2013, el Cartel de los Caballeros Templarios recibió un estimado de $119 millones de pesos mexicanos (cerca de US$5,2 millones) de las extorsiones al aguacate.
Esto representa solo el 0,5 por ciento del valor total de la producción de aguacate de ese año. Los datos disponibles también muestran que el porcentaje del dinero de extorsiones pagadas en relación con el crecimiento de la producción de aguacate se redujo realmente en el tiempo. En otras palabras, las cuotas demandadas por los extorsionistas no fueron lo suficientemente rápidas para ir a la par con el crecimiento de la industria.
