El gobierno de Estados Unidos parece estar muy preocupado por el tráfico de seres humanos en otros países. Se presenta como el adalid de los derechos humanos de las víctimas de trata. Sin embargo, hace la vista gorda con los poderosos implicados en este atroz delito en su propio país.
Antilavadodedinero / Canarias
A comienzos de octubre, el presidente de EE.UU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a países que, en opinión de Washington, “no ponen suficiente empeño en combatir el tráfico humano”. La lista de países objeto de sanción incluye -no se sorprendan- a Rusia, China, Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte.
Además, ha cursado órdenes a los representantes de EE.UU en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos para que voten en contra de ciertos proyectos cuyos fondos se destinan a los países enumerados, entre otros.
En EE.UU el debate sobre el tráfico de personas que facilitan otros países se ha convertido en una especie de epidemia nacional, aun cuando allí, según algunos especialistas, 300.000 niños y jóvenes corren este peligro cada año.
El Departamento de Estado de EE.UU emite voluminosos informes anuales sobre el tema, el último en junio de este año. En este se analiza la situación en 188 países y entidades subnacionales de todo el mundo, y señala que hay un número significativo de personas procesadas en varios países, pero no dice una palabra sobre penas similares en EE.UU.
Durante la presentación virtual de este informe, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que hay en la actualidad 25 millones de adultos y niños en el mundo víctimas de trata para su explotación laboral y sexual. Y añadió: “Los Estados Unidos en toda nuestra historia hemos defendido los derechos humanos como ninguna otra nación”. Destacó, además, que, si ciertos gobiernos no toman suficientes medidas, EE.UU no se mantendrá al margen.
Sin embargo, el hecho de que en EE.UU, incluso según estadísticas oficiales del Departamento de Justicia, en los dos últimos años se identificaron bastantes miles de casos de “tráfico”, muchos de los cuales afectan a niños, se pasa convenientemente por alto.
La propaganda de “los derechos humanos y humanitarios” se disuelve en eslóganes y etiquetas que parecen ser muy necesarias a Washington para sus ataques políticos a países adversarios.
También es de destacar que, a pesar de la sentida retórica del Secretario de Estado en junio pasado, su propia elite política, que según se ha publicado en varios medios participa en el tráfico de personas, queda fuera de la jurisdicción de EE.UU, la comunidad internacional y los voluminosos documentos emitidos por el Departamento de Estado.
Por ejemplo, hace poco, la estadounidense National Review acusó a la familia del principal rival electoral de Trump -y líder de los que luchan contra el Russiagate-, Joe Biden, de estar implicados en el tráfico de personas.
La publicación indica específicamente que el hijo de Biden, Hunter Biden, recibió un total de más de 4 millones de dólares tras unas “dudosas transacciones financieras” con extranjeros bien conectados en las altas instancias políticas. Hunter transfirió fondos a nacionales de otros países que viven en EE.UU y están “presuntamente asociados a una red de prostitución y tráfico humano de Europa del Este”.
Otra publicación, The New York Post, dio a conocer asimismo un informe del Senado del 23 de septiembre que vincula a Hunter Biden con la “prostitución y el tráfico humano”, ya que supuestamente transfirió “miles de dólares” a gente que parece tener algo que ver con la industria del sexo.
Según la publicación, estas alegaciones se contienen en una nota al pie de un apartado del informe, que da detalles de las probables “actividades delictivas y amenazas de extorsión” que involucran a Hunter Biden y otros miembros de la familia Biden. Al mismo tiempo, la publicación señala que este informe del Senado también contiene enlaces a “numerosas publicaciones que hablan sobre la posible complicidad de Hunter Biden en el comercio sexual”.
Se ve que el hijo de Biden no se ha conformado con los millones que ganó en las empresas de Ucrania a las que tuvo acceso tras el golpe de Estado propiciado por EE.UU y la OTAN en ese país.
Dadas las circunstancias, el Departamente de Estado, en vez de publicar informes políticamente sesgados sobre supuestos tráficos humanos en otros países e imponerles sanciones, haría bien en solucionar, en primer lugar, lo que tiene en casa, y sancionar a los ciudadanos estadounidenses implicados en esta clase de delitos; así como, por extensión, a los asesinos de civiles inocentes en los conflictos armados desatados por Washington en Oriente Medio y otras zonas.
Aunque ¿Es posible realmente esperar un castigo justo por estos delitos en EE.UU, cuando el país ha roto relaciones con la Corte Penal Internacional de La Haya para evitar que sean procesados los delincuentes estadounidenses?
¿O cuando EE.UU conmuta las penas a ciudadanos de los que se ha probado ser culpables de delitos, como ocurrió en 2019 en particular, cuando un juzgado de Washington revisó el veredicto contra tres ex-empleados de la empresa de seguridad Blackwater en un caso de asesinato de civiles iraquíes en 2007, y rebajó sus sentencias a casi la mitad?
