El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue uno de los protagonistas de un juicio relacionado con narcotráfico en Nueva York, pero pocos analistas piensan que tendrá un gran impacto en un país sumido en la corrupción.
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Recibió maletines llenos de dinero. Celebró reuniones clandestinas con narcotraficantes en una fábrica de arroz. Intentó invertir en un laboratorio de cocaína. Prometió inundar Estados Unidos de drogas. Y todo esto lo hizo mientras se postulaba al cargo más alto de Honduras.
Estas fueron algunas de las acusaciones que se hicieron sobre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en un tribunal federal de Nueva York este mes.
Hernández, quien ha negado repetidamente cualquier asociación con narcotraficantes, no estaba siendo juzgado en el caso y no ha sido acusado de ningún delito. Más bien, Geovanny Fuentes Ramírez, ciudadano hondureño, era el acusado; él fue condenado el lunes por todos los cargos, que incluyen conspiración para el tráfico de cocaína y posesión de armas.
Pero las pruebas presentadas en el tribunal durante dos semanas proporcionaron una punzante evaluación del presidente, cuyo fracaso en la construcción de un Estado de derecho y una economía robusta por parte del gobierno ha contribuido a que cientos de miles de ciudadanos desesperados emigren en los últimos años, la mayoría de ellos tratando de llegar a Estados Unidos.
Además de sumarse a un creciente cúmulo de pruebas reunidas por los fiscales federales en los últimos años que presentan a Hernández como un actor clave en la industria del narcotráfico en Honduras.
Los procedimientos han llevado a los analistas a creer que los cargos formales contra el propio Hernández no están lejos.
“Es un clavo más en su ataúd”, dijo Eric L. Olson, director de políticas de la Fundación Internacional de Seattle y experto en América Latina. “Pero más que lo que esto significa para Juan Orlando, esto envía otro mensaje al pueblo de Honduras de que no hay futuro para ellos, y de qué sirve quedarse ahí”.
El remolino de acusaciones de corrupción en torno a Hernández lleva años acumulándose.
En 2017, los observadores internacionales documentaron numerosas irregularidades en su elección para un segundo mandato, lo que provocó semanas de protestas violentas en todo el país. La oposición también dijo que no debería haber estado en la boleta electoral en primer lugar, y argumentó que Hernández había llenado injustamente la Corte Suprema con sus partidarios, que luego eliminaron la prohibición constitucional a la reelección.
Más recientemente, los fiscales federales de Estados Unidos han tratado de demostrar que el presidente construyó una relación simbiótica con los narcotraficantes que proporcionaron apoyo financiero para su ascenso político a cambio de protección contra procesos judiciales.
En 2019, Hernández figuró como un “coconspirador” no nombrado, pero claramente identificable en el procesamiento de su hermano, Tony Hernández, quien fue condenado en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico y que será sentenciado la próxima semana.
Estas acusaciones formuladas por los abogados del gobierno estadounidense a lo largo de los años han supuesto un contraste evidente con el continuo apoyo político de Estados Unidos a Hernández, nombrándose a sí mismo como un socio dispuesto a colaborar en el esfuerzo por frenar el flujo de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
En su testimonio durante el juicio de este mes, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien alguna vez dirigió una violenta banda de narcotraficantes llamada Los Cachiros, declaró que en 2012 entregó 250.000 dólares en efectivo a Hernández —transfiriéndolos a través de la hermana del presidente, Hilda Hernández— a cambio de la promesa de que no sería detenido ni extraditado a Estados Unidos. Hernández, en ese momento, se postulaba a la candidatura presidencial de su partido.
Otro testigo, un contador hondureño que declaró con el pseudónimo de José Sánchez, dijo que fue testigo de cómo Hernández aceptaba sobornos de Fuentes y negociaba el acceso al laboratorio de cocaína del narcotraficante durante reuniones en las oficinas de Graneros Nacionales, el mayor productor de arroz de Honduras.
“No podía creer lo que veía”, dijo Sánchez sobre un encuentro en 2013, cuando Hernández se presentaba como candidato a la presidencia por su partido. “Veía al candidato presidencial reunirse con un narcotraficante”.
Sánchez relató que en esas reuniones Hernández recibió dos veces sobornos de dinero en efectivo metidos en maletines: uno con 15.000 dólares y el otro con 10.000 dólares. El contador dijo que se encargó personalmente de contar el dinero en efectivo: billetes de 20 dólares envueltos en ligas elásticas.
Sánchez, quien huyó del país y ha pedido asilo en Estados Unidos, también dijo que escuchó a Hernández asegurar a Fuentes que planeaba cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, haciendo a sus socios “intocables”.
“Luego tomó un sorbo de su bebida”, dijo Sánchez sobre Hernández. “Y dijo: ‘Vamos a meter la droga en las narices de los gringos, y nunca se van a enterar’”.
Un fiscal dijo durante las declaraciones finales que la relación entre Fuentes y Hernández era tan importante para ambos que Fuentes siguió sobornando al presidente a cambio de protección hasta 2019.
Las pruebas presentadas durante el juicio y la “disposición” de los fiscales “a aludir explícitamente a su culpabilidad, sugieren que Hernández está muy en la mira del gobierno”, dijo Daniel Richman, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia.
