Los condenados en la causa por lavado de dinero preparan sus planteos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los abogados de Lázaro Báez, sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, Leonardo Fariña y el resto de los involucrados aún están terminando de analizar las 3065 fojas de los fundamentos de la sentencia del Tribunal oral federal número 4.
Antilavadodedinero / a24
El principal eje que cuestionan las defensas, es que según el fallo, el dinero que lavó Báez junto con sus cómplices, proviene de un delito precedente que aún se está investigando en el juicio por la presunta corrupción en la obra vial de Santa Cruz. Además, están evaluando solicitar revocar el monto de la pena.
Según pudo saber A24.com, la mayoría de los letrados planea solicitar una prórroga al Tribunal debido a la complejidad y la extensión del dictamen.
En la causa de lavado de dinero en la que condenaron a Baéz, la actual vicepresidenta Cristina Fernández obtuvo la falta de mérito durante la instrucción. Sucedió después de que el juez federal Sebastián Casanello le tomara declaración indagatoria por orden de la Cámara Federal de Apelaciones, sin encontrar pruebas suficientes para procesarla ni para sobreseerla.
Ahora, por mayoría, el Tribunal oral sostiene que los fondos investigados se originaron principalmente a través de “los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal número 2, en la mentada causa Vialidad”, que tiene precisamente a Cristina Fernández como principal imputada.
El voto de los jueces Néstor Costabel y Adriana Paliotti describe que Báez usó sus empresas del Grupo Austral “como pantallas para encubrir y confundir las masas millonarias de dinero ilícito con los fondos que podría justificar, eventualmente, como legítima contraprestación de la obra pública a su cargo”.
Consideraron que si bien la requisitoria que llevó a juicio oral la causa “Vialidad” no tiene el mérito de una condena, por sana critica “ostenta una fuerza de convicción equivalente a un cuadro indiciario unívoco y férreo”.
Por su parte, la jueza María Gabriela López Iñiguez opinó que el dinero que lavó Lázaro provino exclusivamente del fraude fiscal, y agregó que la causa “Vialidad”, que todavía está en debate, no se puede considerar ilícito precedente porque “nos enfrenta a la dificultad jurídica que se deriva de la presunción constitucional de inocencia”.
Sobre este último argumento se posará la defensa de Báez que considera disparatado que se tome por probado un delito por el que aún no hay condenados porque el proceso no terminó.
Este caso se inició en abril del 2013, a raíz de las cámaras ocultas a Leonardo Fariña y Federico Elaskar aceptando maniobras de lavado de dinero a través de la financiera “La Rosadita”.
En febrero de este año Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, cometido movilizando fondos de origen fraudulento, y a través de la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza. La maniobra permitió blanquear más de 55 millones de dólares.
Como integrantes de la banda, su hijo mayor Martín fue condenado a 9 años de cárcel, Leandro recibió 5 años, y Luciana y Melina fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso.
En tanto, Leonardo Fariña fue sentenciado a 5 años de prisión, cuando la pena máxima es de 8 años, a pesar de haber declarado como arrepentido aportando información que permitió aclarar los hechos.
Su abogado Roberto Herrera le anticipó a A24.com que solicitará la disminución de la pena, porque le parece excesivo, siendo que por su condición de arrepentido podría acceder a la reducción hasta el grado de tentativa. La defensa había solicitado para Fariña dos años y medio, y está pendiente el resultado de otra causa donde también aportó información como imputado colaborador.
En los argumentos de la sentencia, los jueces entendieron que Jorge Leonardo Fariña fue el primer administrador de fondos ilícitos de Lázaro Antonio Báez, y quedó demostrada su actuación dedicada a la conformación de la estructura societaria y bancaria en el exterior, a través de la cual se procedió al blanqueo de sumas millonarias.
También el tribunal condenó a otros organizadores como el abogado Jorge Chueco y el contador de Austral Construcciones, Daniel Pérez Gadín, a 8 años, y al financista Federico Elaskar a 4 años y 6 meses de prisión.
En cuanto a los videos captados en el interior de la financiera SGI, donde pudo verse a varios imputados manipulando grandes sumas de dinero en efectivo, el fallo señala que son una muestra de la maniobra que logró probarse a través de documentos y de testimonios.
Detalla que Martín Báez viajaba en los aviones de Top Air S.A., propiedad de su padre, desde Santa Cruz a Buenos Aires para llevar las valijas repleta de dólares a las oficinas de SGI en Madero Center.
Para el Tribunal, Lázaro Báez diseñó un grupo delictivo organizado con conocimientos en materia financiera y jurídica, imprescindibles para estructurar el circuito de expatriación a través de cuentas off-shore- y posterior repatriación parcial de fondos millonarios de proveniencia ilícita.
