Un 38,59 por ciento de los diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es decir 22 de los 57, enfrenta hoy causas penales que van desde enriquecimiento ilícito hasta legislación o administración en provecho propio.
Antilavadodedinero / diariodigital
De acuerdo con un artículo del Semanario Universidad, basado en información suministrada por el Ministerio Público de Costa Rica, algunos de esos 22 legisladores tienen más de una causa penal abierta, las cuales suman en total 29.
Siete diputados están señalados de enriquecimiento ilícito, mientras seis lo son por legislación o administración en provecho propio y tres por falsedad ideológica.
Tal vez el más grave de todos es contra el diputado por el Partido Liberación Nacional -tras lo cual pidió separación temporal- Gustavo Viales, a quien señalan de aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades político-electorales o partidarias.
Traducido, lo anterior quiere decir que presuntamente recibió dinero de grupos criminales para sus actividades políticas.
Este caso vió la luz el mes anterior cuando desarticularon una banda dedicada al narcotráfico internacional y Viales aparentemente está relacionado con el líder de ese grupo.
Otros señalamientos registrados en el Ministerio Público contra los llamados Padres de la Patria son delitos contra la tranquilidad pública, estafa mayor, tráfico de influencias, infracción al Código Electoral y asociación ilícita.
También, prevaricato, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, usurpación de bienes de dominio público, conducción temeraria, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y divulgación de secretos.
