El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
Antilavadodedinero / Rcnradio
La Sala de Primera Instancia lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. En el fallo se indica que el entonces magistrado de la Sala Penal tuvo una participación activa en esta estructura criminal.
«Siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria», precisa la decisión.
Para la Corte Suprema es claro que el entonces magistrado negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
El alto tribunal determinó que en el desarrollo del juicio se comprobó que el exmagistrado incumplió sus funciones al negociar la función jurisdiccional que tenía que defender ante la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia señaló que Malo Fernández actuó de manera ilegal junto al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y el también entonces magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien ya fue condenado por estos hechos.
Para que el ‘cartel de la toga’ operara sin dificultades se comprometió a recibir millonarias coimas para tergiversar decisiones judiciales, específicamente sobre la investigación que se adelantaba en el alto tribunal contra el senador Musa Besaile para desviar el proceso que se le adelantaba por presuntos vínculos con paramilitares.
«Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte -entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile-, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales, en concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el ex senador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber», señala el fallo.
En el fallo se le impuso una multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días. Igualmente se le negó la suspensión condicional la prisión domiciliaria.
«Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos (…) La justicia es más que el cumplimiento de una función constitucional, pues entraña un proyecto de vida forjado desde las aulas de las facultades de Derecho, donde se provee por la formación de verdaderos juristas, quienes, al ser dotados del poder jurisdiccional, asumen un poder reglado que les permite incidir en los derechos de sus congéneres”, señala el fallo.
