El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) un informe sobre la corrupción en la Argentina, que busca explorar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción y que concluyó que la Argentina enfrenta «un panorama preocupante». El documento fue presentado a través del órgano anticorrupción de la OEA (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).
Antilavado de dinero / La Nación.
El documento de 122 páginas, al que accedió LA NACION, plantea que el país cuenta con un sistema normativo «muy aceptable»para enfrentar la corrupción, pero afirma que no se cumple. «En realidad parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias», observa. En el trabajo, elaborado con 10 bases de datos, se describen los “serios problemas de implementación” de las normas de anticorrupción.
En primer lugar, remarcan la falta de estadísticas actualizadas, lo cual dificulta un diagnóstico. Al respecto detallan que hay estadísticas insuficientes, falta de indicadores, información no publicada y contradicción entre los datos disponibles.
Suman además como otro de los problemas la obstrucción del Poder Ejecutivo para acceder a la información pública. “Los órganos públicos en 2021, dependientes del Poder Ejecutivo, no han respondido las peticiones para entrevistar o suministrar información”, apunta el informe.
Citan también una auditoría llevada a cabo por el Consejo de la Magistratura de la Nación que reveló la falta de “elementos tecnológicos, humanos e infraestructura”, lo cual dificulta que los juzgados lleven adelante las causas de corrupción.
En este aspecto, suman la “falta de condenas” como otra de las dificultades. “Una sentencia ‘firme’ o ‘definitiva’ parece un momento imposible de alcanzar dada la cantidad de recursos que el sistema admite y los que plantean las partes”, señalan, y remarcan que en las 10 bases de datos consultadas hallaron una sola condena en todo el país por enriquecimiento ilícito.
“Las demoras en las causas de corrupción son funcionales a la impunidad”, afirma el trabajo encargado por la OEA. Según el mismo, por esta razón algunas causas se cierran por prescripción, en otras los imputados fallecen o las pruebas se distorsionan con el tiempo.
En bases a las entrevistas realizadas, el trabajo señala que existen interferencias sobre la Justicia “por parte de la política e incluso de los servicios de inteligencia”. También afirma que hay “amenazas institucionales para la lucha contra la corrupción” y aporta como ejemplos el proyecto para modificar la elección del Procurador General y el de la modificación de la Corte Suprema, “sugerida por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo cuyos integrantes son abogados defensores de funcionarios públicos con procesos de corrupción pendientes ante la misma Corte u órganos inferiores”. Por último, agregan que se han eliminado normas que prohibían la corrupción.
“El país vive en un gigantesco estado de sospecha, donde los funcionarios o exfuncionarios no son condenados pero tampoco declarados inocentes”, concluye el informe que aporta una serie de recomendaciones y propuestas.
