El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en España acordó este viernes solicitar a Estados Unidos garantías respecto al trato que se le daría a Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen venezolano, en caso de que fuese entregado a la justicia estadounidense, un trámite que mantiene paralizada su extradición.
Antilavado de Dinero / Diario Las Américas.
Fuentes jurídicas explicaron que EEUU tiene ahora un plazo máximo de 45 días para responder a este requerimiento. Se trata de un trámite que obligó a la Sala de lo Penal a suspender su entrega el viernes 22 de octubre, tan solo un día después de dar luz verde a la solicitud.
Las mismas fuentes señalaron que ese auto -que fue requerido por la defensa de Carvajal- sí existía, aunque no se había notificado hasta ahora. Ese formalismo es una suerte de garantía de que los derechos de «El Pollo» serán respetados en Estados Unidos.
Fuentes jurídicas confirmaron que los magistrados estudiarán las garantías que se solicitan a Estados Unidos de forma que se dé cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una vez Carvajal sea extraditado.
La Sala de lo Penal denegó la medida cautelar solicitada por su defensa para evitar la ejecución de su entrega a los Estados Unidos. En el mismo escrito, los magistrados inciden en que «El Pollo» no ha logrado acreditar «mínimamente la existencia de algún riesgo para» su «vida» o para su «integridad física».
El propio Carvajal llegó a asegurar que EEUU «persigue un fin distinto al de hacer justicia» con su extradición. «Su prioridad no es esa, sino ejercer su poder político. No son la primera potencia de gratis», denunció en un comunicado el pasado septiembre.
Además, el tribunal constata que Carvajal presentó la solicitud de protección internacional «transcurrido más de un mes desde su entrada en España, que tuvo lugar el día 18 de marzo de 2019, y sólo después de ser detenido e ingresar en prisión para asegurar la ejecución de la extradición».
Para la Sala resulta «igualmente significativo que, una vez acordada su puesta en libertad, no comunicara su nuevo domicilio a través del que la Administración pudiera comunicarse con él y notificarle la resolución que pudiera recaer a su solicitud de asilo y protección subsidiaria».
Por otro lado, el tribunal reconoce en su auto que en los supuestos de «denegación de protección internacional» como los de Carvajal existe «un claro interés público en la ejecución de la decisión denegatoria».
«El control de fronteras y la política migratoria, la potestad de policía en este ámbito, tiene una evidente repercusión en el ámbito Schengen, afectando no sólo a los intereses del Estado miembro, sino al conjunto de los firmantes. La intensidad del interés público, a juicio de la Sala, es muy relevante, según resulta de la jurisprudencia citada», señalan.
