2020 marcó un récord en la destrucción de la Amazonía, con una pérdida de terrenos selváticos equivalente casi al territorio de Belice, y el panorama pinta aún más desolador para 2021. La deforestación llegó a niveles récord en Brasil, Perú y Bolivia. En medio de estos, Colombia puede romper la tendencia, con un reporte de mejoras moderadas en lo corrido de 2021.
Antilavado de Dinero / InSight Crime.
En julio se conoció la que podría ser la peor noticia hasta la fecha. Un estudio de Nature mostró que extensiones del Amazonas brasileño ya no eran más que un deprimido de carbón, que emitía más dióxido de carbono del que absorbía. La Amazonía como defensa contra el aumento de las temperaturas globales finalmente se había roto.
En noviembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Climate Change Conference) en Glasgow, Escocia, lanzó lúgubres advertencias sobre la deforestación, pero con poca certeza de que eso hiciera alguna diferencia.
La deforestación está más interrelacionada con las actividades criminales que nunca. Quienes participan en minería ilegal de oro, cría de ganado, narcotráfico y tráfico de madera trabajan de la mano, entre sí o con intereses públicos y privados para destruir los pulmones del planeta.
Crimen organizado en la deforestasción
La batalla contra la deforestación es compleja. La agricultura y la ganadería, por ejemplo, son industrias legales, renglones vitales para las economías y promovidos por los gobiernos de Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros.
Pero estas actividades con mucha frecuencia están asociadas a actos ilegales flagrantes. La ganadería, es una buena muestra, pues es hoy el principal motor de la apropiación de tierras en la Amazonía, según un gran informe sobre la Amazonía por parte de Amnistía Internacional. Se ejecuta a través de un modelo bien establecido: se inician incendios de manera ilegal, para despejar enormes áreas de cobertura selvática y abrir potreros.
La agresiva expansión de la ganadería también ha cobrado las vidas y amenazado la subsistencia de quienes se oponen a ella, desde comunidades indígenas hasta pequeños campesinos y funcionarios públicos, como señaló el informe de Amnistía Internacional.
Todo esto se hizo con la aprobación tácita y en ocasiones expresa del gobierno, como hizo notar Eduardo Franco Berton, periodista que ha seguido los delitos ambientales en Bolivia.
“En los últimos 15 años, sucesivos gobiernos han promovido la colonización en zonas protegidas de la Amazonía para dedicarse a la agricultura y la ganadería”, dijo a InSight Crime.
Ganadería y agricultura
En forma simultánea, las organizaciones criminales también han acelerado sus actividades. En 2021, grupos criminales expandieron sus tomas de oro, coltán y madera protegida. La expansión de estos portafolios criminales ha ido de la mano con el narcotráfico. La tierra despejada para construir pistas de aterrizaje para narcoaviones ha dejado madera para la venta. Las carreteras clandestinas construidas en medio de la selva pueden usarse para el trasiego de narcóticos, minerales, madera y contrabando.
Los esfuerzos para combatir esto son irrisorios. Se han iniciado operativos militares en su mayoría ineficaces para combatir la minería ilegal y otros delitos que promueven la pérdida de cobertura forestal en Perú, Brasil y Colombia.
Y aunque los defensores ambientales han tratado de defenderse de la deforestación abusiva a manos del crimen organizado, esto ha dejado un derramamiento de sangre por toda la región, pues activistas y comunidades indígenas que luchan por proteger sus tierras han sido amenazados y asesinados en Colombia, Brasil y Perú.
Los grupos criminales también continuaron su expansión en zonas que ya eran puntos críticos de deforestación. En Perú, los campamentos mineros causaron estragos en la tierra de la comunidad indígena de Boca Pariamanu, en el corazón de la región rica en oro de Madre de Dios.
En Perú, las plantaciones de coca se están extendiendo por fuera de las áreas cocaleras tradicionales del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) más hacia la Amazonía peruana. Y cada vez se encuentran más laboratorios de cocaína y pistas de aviones ilegales en otros lugares de la selva tropical.
En 2021, la lamentable tendencia de años anteriores no ha hecho más que acelerarse. La batalla contra la deforestación criminal en la Amazonía se está perdiendo.
La renovación de antiguas amenazas
Pese a la producción casi récord de coca en 2021, el ganado reemplazó a la coca como principal motor de deforestación en la Amazonía colombiana. Este cambio se veía avanzar desde la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016. Las FARC habían actuado como custodios de facto de la selva tropical y como guardianes de parques efectivos, aunque ilegales. Su partida provocó una invasión renovada de la selva en el sur de Colombia, donde se paga a los locales para que derriben extensiones colosales de selva para abrir paso a la ganadería.
Datos oficiales publicados en julio mostraron que en 2020 se disparó la deforestación en los departamentos colombianos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Esto se hizo más evidente en 2021. En los primeros tres meses de 2021, estos departamentos registraron las mayores concentraciones de deforestación.
Las maderas finas cada vez más escasas también fueron saqueadas para abastecer la demanda de los mercados internacionales. Por ejemplo, las mafias de la madera asentadas en las fronteras de Ecuador han aprovechado la gran demanda de madera de balsa, especialmente de la industria de generación de energía eólica, pues la balsa se emplea para la fabricación de las hojas para las turbinas eólicas en China y Estados Unidos. La cantidad de balsa ilegal hallada en Ecuador se disparó un 180 por ciento en 2020. Los decomisos mantuvieron su ritmo acelerado este año.
Ana Cristina Basantes, periodista que sigue de cerca los delitos ambientales en Ecuador, dijo a InSight Crime que la tala ilegal de balsa ha contribuido a aumentar la deforestación en territorios de la comunidad indígena Achuar, que queda entre la frontera del país con Perú.
Milagros Aguirre Andrade, periodista y autora de un libro sobre la industria maderera en Ecuador, añadió que más que la deforestación la llegada de los taladores de balsa a esas comunidades indígenas deja como consecuencia actos de violencia. Y la situación está abocada a agravarse, según Aguirre. “Durante la pandemia, el tráfico ha agudizado la violencia a lo largo de la frontera entre Ecuador y Perú”, comentó ella a InSight Crime.
Allí, mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual, y ha habido enfrentamientos cuando los taladores no reciben la suma acordada. El tráfico ilegal de madera también ha llevado armas y municiones a las comunidades indígenas.
Además, se han usado nuevas tácticas para facilitar los viejos delitos que por largo tiempo han promovido la deforestación.
Para confundir a las autoridades se talaron extensiones de selva más reducidas. En el departamento de Meta, en el centro de Colombia, por ejemplo, excombatientes de las FARC —bajo el mando de un excomandante de las FARC, Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte»— ordenaron a los habitantes locales que despejaran la tierra para sembrar coca una hectárea a la vez para evitar la detección.
Las nuevas tecnologías también están acelerando la tendencia. En Brasil, se vendieron ilegalmente por Facebook parcelas de selva amazónica, lo que llevó al gigante de las redes sociales a emprender una serie de medidas duras sobre las ventas ilegales de tierra por medio de esta plataforma.
Cooperación corrupta
La corrupción sistémica y a pequeña escala continuó facilitando los delitos ambientales y la deforestación en toda la Amazonía.
Desde Brasil hasta Bolivia, funcionarios de gobierno participaron en actividades ilegales.
En mayo, el gobierno brasileño enfrentó acusaciones de que no solo facilitó la deforestación ilegal en la Amazonía, sino que incluso participó activamente en el saqueo. El ministro de medio ambiente de ese país fue investigado y obligado a renunciar, y el jefe del ente de protección ambiental fue suspendido. Ambos están señalados de ayudar a empresas madereras a exportar madera extraída del Amazonas por encima de las cuotas permitidas por la ley.
En junio, se denunció que se estaba usando el Registro Ambiental Rural (Cadastro Ambiental Rural, CAR) de Brasil para designar millones de hectáreas de selva amazónica como terrenos rurales, en un proceso que según los críticos agudiza la apropiación de tierras aprobado por el Estado y la deforestación por parte de actores criminales.
En otra latitud, el ministro de tierras y desarrollo rural de Bolivia fue puesto en custodia junto con otro alto funcionario de gobierno por presunta aceptación de un soborno en efectivo para permitir la toma ilegal de tierras en el Amazonas para usos agrícolas.
En Perú, se conocieron casos similares. Funcionarios corruptos en las Direcciones Regionales Agrarias (DRA) coordinan la emisión ilegal de títulos de propiedad para su posterior venta a las empresas de palma de aceite, como lo señala Magaly Ávila, directora del programa de gobernanza forestal Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Amparados en estos esquemas de tráfico de tierras, se han deforestado miles de hectáreas de selva.
En Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible (CAR), entes regionales designados para regular el uso del medio ambiente siguieron enfrentando cargos de corrupción. Varias fuentes entrevistadas por InSight Crime admitieron que funcionarios de las CAR habían emitido licencias de tránsito con información falsa para beneficiar a quienes participan del tráfico ilegal de madera. En abril de 2021, se hicieron nuevos intentos de reformar las CAR, pero los resultados de esto aún no se aprecian y la tala ilegal continúa prosperando.
Mientras tanto, redes poderosas de empresarios y políticos, que dependen de la corrupción para la titulación de tierras robadas, siguen orquestando la apropiación de tierras para destinarlas a la agroindustria y la ganadería, un factor principal de la deforestación para el país.
En Guyana, también son pan de cada día las denuncias de corrupción en la Comisión de Minas y Geología de Guyana (Guyana Geology and Mines Commission, GGMC), que monitorea las actividades mineras. Observadores de la industria minera en el país, que acordaron hablar con InSight Crime bajo la condición de anonimato, por motivos de seguridad, relataron que los inspectores de la GGMC reciben pagos regulares para soslayar las prácticas de minería ilegal. La GGMC presuntamente usa mapas erróneos de territorios indígenas con pleno conocimiento para asignar permisos dentro de sus tierras, aunque eso está prohibido por la Ley Minera.
“La intención general es brindar una tapadera a los funcionarios corruptos”, comentó a InSight Crime un experto en delitos ambientales en Guyana.
Las fuerzas de seguridad también participan. En Ecuador, policías y soldados recibieron coimas de traficantes de madera para garantizar el traslado sin problemas de la madera ilegal fuera de Ecuador, como relató Aguirre Andrade a InSight Crime.
En Venezuela, un exteniente del ejército presuntamente reclutó a soldados venezolanos para que entregaran poder de fuego en la campaña del Tren de Guayana para tomarse varias operaciones ilegales de minería de oro. Esa alianza hacía parte de una compleja red de colaboración entre el ejército y las bandas criminales, que ha agravado la minería y en consecuencia, la deforestación desbordada.
Viaje por carretera al Amazonas
Los grupos criminales también han aprovechado el creciente número de carreteras y otra infraestructura que se abre paso entre el Amazonas. Los efectos de esto se hicieron más visibles durante 2021.
Las carreteras ilegales e irregulares siguen abriendo las puertas de la Amazonía colombiana a los grupos criminales. En 2021, la construcción ilegal de una carretera alrededor del Parque Nacional Chiribiquete, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, atrajo a campesinos y emprendedores criminales por igual. En la reserva indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, ubicada entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare) también avanzó la usurpación.
Esta tendencia parece abocada a continuar. En julio de 2021, se denunció que el presidente brasileño Jair Bolsonaro planeaba construir un nuevo ferrocarril que atravesaría el Amazonas. Esta infraestructura no solo conduciría a la deforestación masiva, sino que también podría ser cooptada, como ha sucedido con otra infraestructura de transporte, para el movimiento de cocaína y madera extraída ilegalmente.
Desde luego, estas vías son construidas por funcionarios locales o por redes criminales sin los permisos adecuados y son los responsables directos de la deforestación en la región. También han allanado el camino para otras actividades, como el cultivo de coca, la tala ilegal y la minería ilegal. Es más, las carreteras han valorizado las tierras aledañas, lo que hace más probable el acaparamiento de tierras.
Una batalla perdida
Como en años anteriores, los ejércitos de Brasil, Colombia y Perú siguen luchando infructuosamente contra la deforestación.
Colombia registró aumentos alarmantes de la deforestación pese al despliegue de tropas como parte de la Operación Artemisa, un intento militarizado por combatir la pérdida de bosques y recuperar los parques nacionales del país tomados por los grupos criminales. El descontento entre las filas del ejército, que creen que la policía no debe ocuparse de esta tarea entorpeció esos esfuerzos.
En Brasil, la Operación Brasil Verde, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, terminó sin resultados después de su segunda etapa. La falta de entrenamiento especializado para los soldados parece haber sido la causa del fracaso de la operación.
Con los ejércitos de la región al frente de la lucha contra la deforestación, los organismos ambientales enfrentaron mayores obstáculos.
El ente ambiental de Brasil (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA) sufrió una reducción radical de su presupuesto y su personal. Y el ente regulador de la minería (Agência Nacional de Mineração, ANM) no tuvo la capacidad para enfrentar la fiebre del oro en el país, con 250 inspectores a cargo de la vigilancia de unos 35.000 puntos mineros.
La cooperación multilateral en la Amazonía tampoco fue notoria, lo cual entorpece las iniciativas de lucha contra la usurpación de tierras por parte del crimen organizado en toda la región.
El 22 de abril, entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Este tratado se presentó como un apoyo a los defensores ambientales que combaten la deforestación en Latinoamérica y el Caribe. Pero varios importantes gobiernos de la región se mantienen al margen. Surinam y Venezuela no lo firmaron, y Colombia no lo ha ratificado.
En noviembre, en la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, 110 países se comprometieron a refrenar la deforestación global para 2030. Pero un detalle aguó el momento. Bolivia y Venezuela, dos de los mayores responsables de la deforestación de la Amazonía, se abstuvieron.
