Se suponía que, durante la administración Biden, Estados Unidos ayudaría a poner freno a la corrupción; sin embargo, la vida pocas veces les ha sonreído tanto a los funcionarios corruptos de Centroamérica. Este año que termina, los sistemas de justicia de El Salvador y Guatemala fueron desvalijados.
Antilavadodedinero / InSightCrime
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, utilizó el control que su partido tiene en el Congreso para remplazar a los principales jueces y fiscales por otros más amigables con su administración. Como resultado, las investigaciones sobre presuntas malas conductas por parte de su gobierno fueron desestimadas. Cuando fue cuestionado, Bukele vituperó públicamente en Twitter a sus críticos en Washington.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha guardado silencio, en tanto su fiscal general da la estocada final a la unidad anticorrupción del país, al presentar cargos contra el exfiscal principal de dicha unidad, quien se exilió después de ser destituido por el fiscal general de Giammattei.
En Honduras, la indignación por la corrupción y el narcotráfico ha derrotado al presidente Juan Orlando Hernández y a su Partido Nacional, que perdieron las elecciones en noviembre de este año. Y en Nicaragua, el presidente Ortega continúa esgrimiendo el sistema de justicia como un garrote para silenciar a la oposición, lo que les da oportunidad a los grupos criminales y a las élites para operar entre las debilitadas instituciones estatales.
La respuesta de Washington frente a la corrupción en Centroamérica ha sido principalmente la de dedo acusador. Los legisladores publicaron este año dos listas de sospechosos de corrupción en altos niveles, pero las evidentes omisiones y la falta de coherencia han opacado el impacto de dichas listas negras.
Los ataques directos a los sistemas de justicia también se han encontrado una y otra vez con declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado que han tenido pocas repercusiones tangibles. La administración Biden corre el riesgo de parecer ineficaz, e incluso de animar a los corruptos de la región.
El Salvador ataca el Estado de derecho y allana el camino para la corrupción
Durante el año pasado, el presidente Bukele sacó a relucir su apariencia de hombre de buena fe cuando arremetió contra el sistema de justicia del país. El ataque ha tenido consecuencias, intencionadas y no intencionadas, tanto para el estado de derecho como para los casos de crimen organizado.
Durante la primera sesión del Congreso en el mes de mayo, los legisladores alineados con Bukele destituyeron al fiscal general Raúl Melara. El motivo de la destitución de Melara quedó claro tres meses después: había facultado a una unidad especial de la fiscalía para investigar presuntos delitos cometidos por el gobierno de Bukele.
El medio de comunicación El Faro fue el primero en informar sobre dicha unidad y sus dos investigaciones inconclusas, una de las cuales descubrió un caudal de evidencias de que la administración de Bukele había negociado en secreto con tres de las violentas pandillas callejeras del país. La otra investigación sostenía que varios funcionarios de alto nivel de la administración orquestaron el robo de unos US$1,6 millones en productos alimenticios que estaban destinados a personas pobres durante la pandemia de coronavirus.
Los legisladores además paralizaron las investigaciones sobre presuntos agiotajes al aprobar una ley que protege de manera retroactiva a los funcionarios y contratistas del sector de la salud frente a cargos criminales y administrativos relacionados con la compra de suministros médicos durante la pandemia.
El Congreso tampoco fue benévolo con el poder judicial, pues destituyó a cinco magistrados de la corte constitucional, entre ellos el presidente de la corte, quien fue remplazado por un juez con un historial de tráfico de influencias. Dos de los nuevos jueces del tribunal superior también habían trabajado anteriormente con el presidente. Más adelante se aprobó una reforma legislativa mediante la cual se despedía a todos los jueces y fiscales mayores de 60 años.
Bien sea de manera intencionada o no, los tribunales de El Salvador tomaron decisiones que favorecen a los criminales del país. Se retiraron los cargos de lavado de dinero contra el presunto jefe del Cartel de Texis, José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.
Además, los nuevos magistrados de la corte constitucional detuvieron la extradición de los principales líderes de la MS13 a Estados Unidos para que enfrentaran cargos de terrorismo. Funcionarios de Estados Unidos y El Salvador le dijeron a InSight Crime que el pacto secreto de las pandillas con el gobierno quizá influyó en la decisión de la corte de retrasar las extradiciones. Entre los acusados de una histórica acusación se encontraba Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablo de Hollywood”, quien había participado en negociaciones de pandillas con funcionarios de la administración de Bukele.
Las dos caras de Guatemala en los esfuerzos anticorrupción
La administración del presidente Alejandro Giammattei presentó dos caras en cuanto a la labor anticorrupción. Puso su rostro más amable cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala en el junio, y uno de los principales puntos de su agenda era la lucha anticorrupción. Pero dado que su propio gobierno está vinculado a presuntos actos de corrupción, Giammattei se mantuvo al margen. Entre tanto, el fiscal general desmanteló los últimos vestigios de la unidad contra la impunidad del país, y las élites políticas socavaron las altas cortes del país.
Uno de los ataques más directos contra el sistema de justicia se dio cuando el fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras a fines de julio. Sandoval se encuentra actualmente exiliado en Estados Unidos, luego de que un tribunal emitiera una orden de captura por presunto incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia.
Pero Sandoval no se quedó callado. Después de su destitución, afirmó que Porras, su exjefa, obstruyó las investigaciones, especialmente las relacionadas con el círculo más cercano del presidente, así como las acusaciones de que el presidente había recibido un soborno de ciudadanos rusos relacionados con una compañía minera que pretendía operar en un puerto guatemalteco.
Documentos publicados en agosto por el diario elPeriódico parecían corroborar el relato de Sandoval. En una comunicación enviada por la oficina de Porras se les decía a los investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que actuaran “respetuosa y cordialmente” frente a los asuntos presidenciales.
Después de ser despedido, el exdirector de la FECI le dijo a InSight Crime que hay “elementos sólidos” que indican que Giammattei presionó a la fiscal general Porras para que lo destituyera.
La Fiscalía General también ha levantado cargos contra otros investigadores que trabajaron con Sandoval en pesquisas sobre corrupción en altos niveles. En mayo, las autoridades arrestaron a dos investigadores por cargos relacionados con un caso de documentos oficiales presuntamente falsificados. Uno de los investigadores ayudó a construir un histórico caso de corrupción contra el expresidente encarcelado de Guatemala, Otto Pérez Molina, y el otro es un testigo clave en ese caso.
La respuesta de Estados Unidos ante las acciones en Guatemala ha consistido en sancionar a funcionarios y exfuncionarios vinculados a la corrupción. Pero dado que la mayor parte de las sanciones se enfocan en las redes de tráfico de influencias enfocadas en las altas cortes del país, una gran cantidad de ministros y altos funcionarios han salido indemnes.
La destitución de Sandoval llevó a que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera que suspendería parte de la ayuda y dejaría en pausa la cooperación con la Fiscalía General. No está claro si sigue siendo así. En los últimos meses, Guatemala ha tratado de arreglar las cosas, reiterando su voluntad de trabajar con Estados Unidos en la labor anticorrupción.
Honduras despide a JOH y saluda a Xiomara
No parece haber simpatía entre Washington y el presidente saliente Juan Orlando Hernández, a quien los fiscales estadounidenses han acusado repetidamente de estar involucrado en narcotráfico y corrupción.
En septiembre, Hernández se refirió a las acusaciones, en un extraño discurso ante la Asamblea General de la ONU. Dijo que esperaba que las autoridades estadounidenses no recompensaran el perjurio —una referencia a la serie de testigos en los juicios por drogas en Estados Unidos que afirman que el presidente aceptó sobornos para proteger a los traficantes y ayudó a la red de contrabando de cocaína de su hermano—. Hernández también les advertía a los fiscales estadounidenses que, al confiar en el testimonio de traficantes, estaban poniendo en riesgo la cooperación antinarcóticos de Honduras con Estados Unidos.
Los fiscales, que en general son reacios a mencionar presidentes en funciones en los casos criminales, no han dejado lugar a dudas de que confían en los testigos. El presidente hondureño fue nombrado 58 veces en un documento de sentencia presentado en el caso de su hermano Anthony, o Tony, como es más conocido, quien fue condenado por cargos de narcotráfico en 2019. El presidente Hernández “desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el Estado”, sostienen los fiscales de ese caso.
El electorado de Honduras aparentemente ya estaba harto de Hernández y de su partido de derechas, el Partido Nacional, que ha controlado al país desde 2010, a menudo recurriendo al apoyo financiero de los criminales. En las elecciones nacionales de noviembre, la candidata de izquierda Xiomara Castro levantó una ola de indignación pública para ganar la presidencia, prometiendo poner fin al narcoestado.
A Castro no le fue difícil diferenciarse del Partido Nacional, que malversó fondos públicos, desmanteló los esfuerzos contra la corrupción e instituyó reformas que preservan la impunidad generalizada.
Pero tampoco representa una ruptura radical con el pasado. Castro está casada con Manuel Zelaya, un expresidente de izquierdas derrocado durante un golpe de Estado en 2009 que le abrió las puertas al gobierno del Partido Nacional. Según cables del Departamento de Estado publicados por Wikileaks, el entonces embajador de Estados Unidos, Charles A. Ford, afirmó que Zelaya estaba estrechamente asociado “con personas que se cree que están involucradas con el crimen organizado internacional”.
Castro ha prometido poner sanear la casa. Durante su último mitin de campaña en Tegucigalpa, les dijo a sus seguidores que “se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y […] vamos a decir fuera a la corrupción en Honduras”.
Pero Honduras es un país donde la política sucia es la norma: hay alcaldes que han dirigido redes de tráfico; altos funcionarios han desviado los fondos públicos y han quedado impunes; el dinero de la droga se ha infiltrado en todos los niveles del gobierno.
Castro se comprometió a restablecer la comisión anticorrupción que fue disuelta durante el anterior gobierno. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) llegó a su predecible final después de echarse de enemigos a varios legisladores cuando comenzó a investigarlos.
El año pasado, el Congreso de Honduras incluso aprobó leyes que favorecen a los corruptos. Las reformas del código penal han dejado maniatados a los fiscales frente a los casos de lavado de dinero. Y se han reducido las condenas por delitos de narcotráfico y corrupción.
Los hondureños quieren un cambio, pero este no será fácil, como afirma Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
“¿Cómo detener esta expansión del crimen organizado después del golpe?”, pregunta, refiriéndose a la difícil década después del derrocamiento de Zelaya.
Nicaragua utiliza el sistema de justicia para atacar a la oposición
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se aseguró un cuarto mandato consecutivo utilizando el sistema de justicia para aplastar a su competencia. Antes de las elecciones del 7 de noviembre, varios candidatos de la oposición fueron arrestados por cargos imprecisos, entre ellos terrorismo y lavado de dinero.
Muchos de los arrestados estaban “recluidos en régimen de incomunicación” en la prisión de El Chipote, como afirma Tamara Taraciuk Broner, de Human Rights Watch, en un editorial del 3 de agosto. Otros líderes de la oposición se vieron obligados a huir del país.
Durante la última década, Ortega ha consolidado su control sobre Nicaragua, al poner a la policía y los tribunales bajo su control. Esto le ha dado la capacidad de investigar informalmente y acusar a cualquier persona que considere una amenaza.
Este sistema de justicia paralelo significa que los altos funcionarios y las élites pueden neutralizar las investigaciones que les resultan inconvenientes, como la que se adelantó en torno a una red de tráfico de cocaína dirigida por Henry Fariñas, un empresario de clubes nocturnos. La red de Fariñas al parecer se extendía hasta los más altos niveles de la policía, el poder judicial y las autoridades electorales. Pero cada vez que su complicidad se hacía pública, los funcionarios desestimaban las acusaciones.
El sistema de justicia ineficaz y partidista de Nicaragua no solo ha amenazado a la oposición política del país, sino que además le ha permitido avanzar al crimen organizado.
Los obstáculos de la campaña anticorrupción de EE.UU.
Antes de asumir el cargo, el presidente Biden prometió atacar las “causas profundas” de la corrupción en Centroamérica. Pero se ha topado con una dura realidad: dichas raíces son bastante profundas.
La acción más visible de la administración fue la publicación de una lista negra de corrupción en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). La lista nombra a 55 personas, incluidos expresidentes, legisladores, altos magistrados y élites empresariales, a quienes el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa de corrupción, obstrucción de la justicia o debilitamiento de la democracia.
Si bien la lista era una clara advertencia, carecía de coherencia. El expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo fue incluido por aceptar sobornos de narcotraficantes. El presidente Hernández no aparece en la lista, a pesar de que algunos senadores estadounidenses habían propuesto un proyecto de ley de sanciones, que apuntaban a Hernández por participar en actividades delictivas.
Sí aparecen miembros del círculo cercano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como un jefe de gabinete acusado de malversación de fondos y un asesor legal por socavar los procesos democráticos. Sin embargo, operadores políticos corruptos de tiempo atrás, como José Luis Merino y Herbert Saca, son grandes ausentes en la lista.
La representante Norma Torres, demócrata de California, fue una de las mayores promotoras de la lista, y sostiene que esta ha cumplido su propósito. A los funcionarios “les preocupaba mucho quedar en la lista”, dijo Torres en comunicación con InSight Crime. Además de asegurarse de que se les retire las visas a quienes están en la lista, Torres dice que ha estado trabajando con el Departamento del Tesoro para que se les congelen sus activos.
“El peor fracaso”, afirma Torres, “es el de no prestar atención y permitir el retroceso de la democracia y el Estado de derecho”.
Torres, la única integrante centroamericana en el Congreso, fue una de las pocas funcionarias estadounidenses que señaló a los presidentes de los países del Triángulo Norte por malversación. Torres llamó la atención de la prensa cuando intercambió puyas en Twitter con el presidente Bukele, quien instaba a los latinos del distrito de Torres a no votar por ella.
“No me molesta que me ataquen, pero si están dispuestos a atacar a un miembro del Congreso estadounidense, no me imagino cómo tratarán a los suyos”, dijo.
Torres afirma que la reforma que requiere la región no se dará porque se tomen medidas de mano dura, sino por una participación diplomática para hacer que los líderes presten atención.
“Creo que lo que la región necesita para avanzar en este sentido es un nuevo compromiso”, señala Torres, “de modo que los tres líderes vuelvan a sentarse a la mesa”.
Justo antes de fin de año, Washington tomó sus acciones más duras contra la administración de Bukele. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios que tenían estrechos vínculos con el presidente, acusándolos de corrupción y de haber negociado en secreto con las violentas pandillas callejeras del país. El Departamento del Tesoro también acusó al jefe del gabinete de Bukele de dirigir un multimillonario esquema de corrupción que involucra contratos irregulares para la compra de suministros médicos en medio de la pandemia.
El plan de la administración Biden para Centroamérica sugiere crear un organismo regional inspirado en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la unidad anticorrupción que adelantó una de las campañas más exitosas contra la corrupción en el continente, antes de ser clausurada en 2019.
Todd Robinson, subsecretario de Estados Unidos para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, le dijo a InSight Crime que el presidente Biden sigue comprometido con dicho grupo de trabajo y destacó las colaboraciones recientes en Guatemala. Otros logros, dijo Robinson mediante correo electrónico, fueron la creación de una línea de información sobre corrupción, el uso de una serie de sanciones contra los corruptos y la capacitación de fiscales hondureños, quienes lograron la condena de dos altos funcionarios acusados de malversación de fondos del sistema de seguridad social del país.
Sin embargo, Robinson reconoce que le preocupa “el sector de justicia de la región”.
“Preferimos por encima de todo trabajar con los gobiernos”, dice. “Pero para hacer avances reales, ellos deben poner más empeño que nosotros”.
Washington también debe lidiar con la continua migración masiva hacia la frontera suroeste de Estados Unidos. En el último año, el aumento de migrantes provenientes de países del Triángulo Norte y Suramérica ha planteado un reto para la administración, que desea contar con la cooperación de estos gobiernos para vigilar sus fronteras y evitar que los migrantes se dirijan al norte.
Cuando la vicepresidenta Harris terminó su visita a Guatemala, dirigió sus comentarios finales a los posibles migrantes que pensaban iniciar ese peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. “No vengan”, dijo. “No vengan”.
