América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región se sitúa por encima de la media mundial en la adopción de marcos jurídicos, según un informe.
La edición 2023 del índice contra el blanqueo de capitales que elabora anualmente el Instituto de Basilea para la Gobernanza expuso la forma en que las multimillonarias economías criminales de América Latina y el Caribe han convertido a la región en un centro de blanqueo de capitales donde los grupos criminales transforman sus ganancias ilícitas en activos útiles.
Haití y Venezuela volvieron a ser los países de la región con peores resultados en el índice. Haití encabezó la clasificación mundial de riesgos, y el índice criticó la debilidad de los marcos jurídicos y los altos niveles de corrupción del país. A Venezuela le fue ligeramente mejor, sin embargo, la arraigada corrupción alrededor del presidente Nicolás Maduro redujo su puntuación.
Surinam, que no se había incluido anteriormente en el informe, se clasificó como la 16.ª jurisdicción de mayor riesgo del mundo y la tercera de la región. El país se ve perjudicado por la falta de transparencia de las empresas y la fuerte presencia de grupos de narcotráfico transnacional.
El índice califica a los países en una escala de 0 a 10 en función de su vulnerabilidad al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, siendo 10 el riesgo más alto. La puntuación de un país se determina mediante 18 indicadores divididos en cinco categorías: la calidad de los marcos jurídicos del país, el riesgo de corrupción y soborno, la transparencia y las normas financieras, la transparencia pública y la rendición de cuentas, y los riesgos jurídicos y políticos.
La calidad de los marcos jurídicos representa el 65% de la puntuación total. En conjunto, los países de la región obtuvieron una buena puntuación en esta categoría, con una puntuación promedio de 5,52, un riesgo ligeramente inferior a la media mundial de 5,62. En todas las demás categorías, sin embargo, la puntuación promedio de la región superó la media mundial.
A continuación, InSight Crime analiza tres aspectos clave del índice para entender qué dice sobre la capacidad de América Latina y el Caribe contra el lavado de dinero.
Corrupción y lavado de dinero estrechamente relacionados
Según el informe, en América Latina y el Caribe la corrupción y el lavado de dinero están entrelazados, destacando una corrupción rampante que genera un alto riesgo a pesar de los marcos legales existentes.
Los riesgos de corrupción y soborno aumentaron en la región en 2023, según el informe, y los países obtuvieron una puntuación media de 5,42 en el indicador, muy por encima de la media mundial de 5,02.
En el pasado, InSight Crime destacó cómo los esfuerzos anticorrupción se han estancado en toda la región en los últimos años, ya que los gobiernos no están dispuestos o son incapaces de combatir el ya histórico impacto que tienen los grupos criminales en la política.
En 2023, por ejemplo, Paraguay eligió como presidente a Santiago Peña, un candidato del establecimiento con fuertes vínculos con actores criminales. Colombia, un país con vínculos históricos entre políticos y narcotraficantes, se vio una vez más sacudida por el escándalo cuando el hijo del presidente Gustavo Petro admitió haber recibido dinero de criminales que estaba destinado a la campaña de su padre.
Al igual que en otras economías criminales, la corrupción y el soborno generan ganancias ilícitas para los funcionarios públicos que deben ser blanqueadas. Esto pone a prueba la capacidad de los gobiernos para luchar contra el blanqueo de dinero, que ya se ve obstaculizada por la falta de recursos y la inadecuada coordinación entre las fuerzas de seguridad, explicó Julia Yansura, directora del área de delitos ambientales y financiación ilícita de la Coalición para la Rendición de Cuentas Financiera y la Transparencia Empresarial (Financial Accountability and Corporate Transparency, FACT).
“Hay una tendencia desafortunada en la región en la que las leyes son muy buenas sobre el papel, pero no se ejecutan completamente en la práctica”, dijo a InSight Crime.
La corrupción también puede obstaculizar directamente las investigaciones de blanqueo de capitales. En Honduras, los legisladores reformaron una ley contra el lavado de dinero en 2022, haciendo más difícil perseguir a este tipo de criminales. La reforma absolvió a algunos políticos, lo que dio muestras de fuertes indicios de corrupción. En Guatemala, funcionarios corruptos han utilizado las leyes contra el lavado de dinero como arma para atacar a sus oponentes políticos, restando importancia a las investigaciones criminales.
Riesgo vs. Realidad
Aunque el índice clasifica a los países en función de su vulnerabilidad al lavado de activos, no mide el volumen real de ese delito en un país determinado.
Por ejemplo, Haití, el país con peores resultados en el índice, no es un centro importante de blanqueo de capitales. La inestabilidad, una economía vacilante y una moneda débil, todo ello favorecido por los continuos conflictos entre pandillas, ahuyentan a los blanqueadores extranjeros, afirma Yansura.
“La preferencia de los delincuentes es trasladar esos fondos a una gran economía con una moneda fuerte”, explicó, citando el ejemplo de Panamá, que durante mucho tiempo ha sido un centro de blanqueo de dinero debido a su economía dolarizada y a su centralidad en el comercio internacional.
La Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del G7 han presionado a menudo a las pequeñas naciones insulares del Caribe para que mejoren sus normas contra el blanqueo de capitales. De 27 jurisdicciones de América Latina y el Caribe que cuentan con datos completos del Índice de Basilea, muchas naciones insulares caribeñas se situaron cerca de los primeros puestos de la región en cuanto a riesgo de blanqueo de capitales. San Cristóbal y Nieves fue considerado el quinto país de mayor riesgo, Bahamas el noveno y Barbados el undécimo.
Sin embargo, los países más grandes con bajo riesgo podrían ser mayores epicentros del lavado de dinero que las pequeñas islas con un riesgo alto.
En Ecuador, que tiene un riesgo comparativamente bajo (19.º en la región), una reciente oleada de blanqueo de capitales ha acompañado un aumento en el tráfico de cocaína. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en 2021 se blanquearon unos 3.500 millones de dólares a través del sistema financiero ecuatoriano, lo que equivale aproximadamente al 75% del PIB total del país.
En Uruguay, la jurisdicción de menor riesgo en la región, según el índice, los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico se duplicaron entre 2018 y 2022, y los expertos han advertido que las lagunas legales y las limitadas capacidades de aplicación de la ley han atraído a los lavadores de dinero al sistema financiero del país.
Lavado de dinero y criptomonedas
El aumento del uso de criptomonedas en América Latina, donde la mayoría de los países tienen sistemas de regulación frágiles, plantea riesgos a favor del blanqueo de capitales. Muchas cripto carteras están diseñadas para ser anónimas, lo que dificulta el rastreo de actividades sospechosas.
La rápida evolución de la industria de las criptomonedas y la escasa regulación del sector a escala mundial obligan a los países a “redoblar sus esfuerzos” contra el uso de las criptomonedas en el blanqueo de capitales, según el informe. Pero las criptomonedas siguen siendo un método menor de blanqueo de dinero en América Latina y el Caribe.
La inestabilidad de las criptomonedas significa que es poco probable que se conviertan en una vía importante de lavado de dinero en el corto plazo, dijo Kenneth Rijock, experto independiente en delitos financieros, a InSight Crime.
“Las criptomonedas son muy volátiles”, afirma. “Incluso los blanqueadores de dinero tienen miedo de usarlas porque pueden ser valiosas hoy y carecer de valor mañana”.
Las regulaciones más estrictas para los proveedores de servicios de criptoactivos y las recientes condenas que involucran a los intercambios de cripto también podrían alejar a los criminales. El Índice de Basilea encontró que el cumplimiento de América Latina y el Caribe con las directrices del GAFI sobre activos virtuales está casi a la par con Europa y muy por encima de otras regiones como el sur de Asia y África.
Una mayor supervisión y requisitos de información para los intercambios de criptomonedas marcarán la diferencia, pero llevará tiempo implementarlos, dijo Marianne Richardson, coordinadora de investigación de IBI Consultants, una firma que se especializa en temas de seguridad en América Latina.
“Mucha gente, incluidos los gobiernos, todavía no saben cómo funciona esto”, dijo a InSight Crime en mayo del año pasado.
