Autoridades de varias instituciones se encuentran en constantes reuniones con miras a articular acciones de prevención para el combate a la corrupción y el lavado de activos, en el marco de la cuarta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
AntilavadoDeDinero / lanacion.com.py
En marzo, Paraguay recibirá la visita del equipo que evaluará el cumplimiento de las 40 recomendaciones relacionadas al punto.
En sendas reuniones realizadas esta semana, los titulares de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) lideraron los equipos de trabajo interinstitucional con representantes de otros entes.
La idea apunta a coordinar acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también participa de las deliberaciones y está representada por la jueza Claudia Criscioni.
Al respecto, la magistrada comentó que los encuentros se realizan de cara al proceso de evaluación en marzo próximo. Mencionó que este debió ser realizado en el 2020, pero quedó aplazado debido a la pandemia del COVID-19.
“Es un tema que el Poder Judicial lo viene trabajando desde el 2019 inclusive, en presentar los resultados que tenemos con base en las estadísticas que existen. Y estamos todos abiertos y con la mejor voluntad de presentar el trabajo del Poder Judicial con relación a la persecución de hechos punibles que tienen que ver con el lavado de dinero y hechos punibles que están relacionados y que son precedentes al lavado de dinero, y que se corresponden con los riesgos que habían sido detectados por el país”, significó.
Destaquemos que el Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, reportó que a finales del año pasado se realizaron 11.526 canjes de acciones, 40.017 registros de personas y estructuras jurídicas y 43.025 registros de beneficiarios finales. De esta manera, se pudo transparentar las distintas sociedades, personas jurídicas y estructuras jurídicas constituidas en el país, aseguran las autoridades de la cartera fiscal.
